Desde CAIS queremos acercar la economía social a nuestras entidades socias. Por ello damos todas las facilidades para que las entidades cambien sus proveedores a ético. Cuando una entidad se hace socia de CAIS accede a su Pack de Bienvenida, con él las entidades se puede beneficiar de las facilidades y de la mejora de condiciones para la contratación. Desde CAIS se puede hacer el cambio de la contratación de los suministros y servicios de telefonía, electricidad, banca, seguros y comunicación con proveedores éticos.
Te facilitamos cambiar tus líneas de teléfono fijo, móvil e internetcon Somos Conexión, Eticom. De esta forma te atenderá una empresa que es cooperativa, forma parte de la economía social, no te va a llamar para promociones, ofrece uno de los mejores precios de mercado, no cede tus datos a terceros, es una entidad transparente con valores éticos y al hacerte socio de CAIS supone un ahorro inicial en la cuota de entrada de cien euros.
Te facilitamos que contrates todas tus pólizas y seguros con CAES Seryes. En CAES trabajan con todo tipo de seguros: responsabilidad civil, oficinas, voluntariado, accidentes. Todos los seguros para particulares, como por ejemplo: Automóvil y motocicleta, hogar y comunidades, seguros de vida y decesos, salud y viajes, seguro de accidentes o de cualquier temática. Ofrecen un trato directo, cercano y ajustado a tus necesidades. Según las entidades que ya se han cambiado, los precios y coberturas son mucho mejores. Es una apuesta por entidades transparentes con un compromiso social y con valores éticos.
Te facilitamos que cambies la factura de la luz a Som Energía, una distribuidora que trabaja con energía renovable que trabaja por entornos energéticos sostenibles. Para socios de CAIS supone un ahorro inicial en la cuota de entrada de cien euros. En la factura de la luz los precios del Kw se fijan para todo el año evitando subidas de precios, por lo que la lectura de la factura es más sencilla. Som Energía es una apuesta por una entidad transparentes con un compromiso social y con valores éticos.
Facilitamos a las entidades socias de CAIS de los servicios bancarios y financieros de Fiare Banca Ética. Un banco que trabaja de forma diferente y no especula con el capital de sus socios. Son la mejor opción financiera y bancaria en cuanto a garantías y requisitos de acceso a financiación. Ofrecen servicios integrales y ajustados a las posibilidades de nuestras entidades. Es una apuesta por entidades transparentes con un compromiso social y con valores éticos.
Cuando te haces socia también accedes al servicio de comunicación estratégica del Departamento de Comunicación de CAIS. Con el Pack de Bienvenida de CAIS se ofrece a todas sus entidades participar en las herramientas de comunicación de CAIS y recibir periódicamente el boletín con toda la información del sector. También ofrecemos a las entidades participar con textos, artículos y referencias en nuestros canales de comunicación externa, web, redes sociales, publicaciones. Con las herramientas de comunicación de las que dispone CAIS, las entidades socias sin lugar a dudas podrán mejorar su propia comunicación, tanto interna, como externa, en un espacio de tiempo muy breve. CAIS tiene a su disposición especialistas en comunicación estratégica, digital y corporativa que pueden fortalecer a la entidad de una forma significativa.
Si quieres más información sobre cómo hacerte entidad socia y comenzar a beneficiarte del Pack de Bienvenida solo tienes que escribir un email a: comunicacion@cais.coop
El Itinerario Formativo de Gestión de Proyectos pone a disposición de las entidades del sector social las últimas plazas abiertas. Esta formación es bonificada por Fundae con lo que se puede pagar a través de sus créditos sin un coste final para la entidad social.
El Itinerario en Gestión de Proyectos está formado por cuatro cursos que dan respuesta a todas las necesidades en la elaboración y ejecución de un proyecto del tercer sector social. Para ello, CAIS va a realizar cuatro acciones formativas que se realizarán en el mes de junio de 2019. Cada una de estas acciones está centrada en una de las fases de la gestión de proyectos.
Acción Formativa 1: Identificación y diseño de proyectos de transformación (18 de junio 2019)
Acción Formativa 2: Convocatorias, financiación y formulación de proyectos (19 de junio de 2019)
Acción Formativa 3: Herramientas de gestión, seguimiento y mejora de proyectos (24 de junio de 2019)
Acción Formativa 4: Fundraising. Claves de captación de fondos (25 de junio de 2019)
Este Itinerario está diseñado para realizarlo completo, ya que sigue la lógica de la ejecución de un proyecto completo desde primera idea y diseño, pasando por la formulación y ejecución hasta llegar a la evaluación y mejora. En esta ocasión, además, cerraremos el itinerario con una formación de Fundraising para conocer las claves de la captación de fondos de la mano de Fernando Morón, director de la Asociación Española de Fundraising, y el mayor experto a nivel nacional en la materia.
Aquí tienes el Formulario de Inscripción. No dudes en informarte de la posibilidad de beca en servicios@cais.coop
El pasado viernes, 24 de mayo, Juan Garibi, Director de Fiare Banca Ética, se reunión en Sevilla con Israel Sánchez, coordinador de CAIS, y su equipo, en la sede de CAIS, para ultimar el convenio entre las entidades. Gracias a esta colaboración las entidades socias de CAIS se beneficiarán de las condiciones financieras pactadas entre Fiare y CAIS. Una vez más CAIS apuesta por un tipo de financiación y crédito ético para los proyectos del tercer de acción social.
Imagen de la pasada reunión en la sede CAIS: De izquierda a derecha: Ignacio aguado, Director de Oficina de Madrid de Fiare Banca Ética, Israel Sánchez, coordinador de CAIS, Juan Garibi, Director de Banca Ética, Nora Daoud, Responsable de Gestión de CAIS.
Además, CAIS también está trabajando en la firma de un convenio de colaboración de telefonía y conectividad con Somos Conexión Eticom y continua trabajando en la línea de colaboración de servicios de energía renovable con Som Energía.
Autora: María Luisa Diaz Quintero, abogada de Alternativas Jurídicas
El pasado 26 de Mayo los españoles estuvimos nuevamente convocados a las urnas, ya que se celebraron elecciones autonómicas, municipales y europeas. La población, en general, pareció no darle importancia y se respiró un ambiente de apatía que desembocó en una alta abstención. La falta de motivación para participar en este tipo de comicios entre la población penitenciaria es elevada y se desconoce la capacidad y el sistema de votación entre las personas presas. Son ciudadanos, no de segunda o tercera, están privados de libertad, pero no así de otros derechos y deberes. El sufragio está recogido como el de cualquier persona no privada de libertad como Derecho fundamental en nuestra Constitución (CE art. 23), que reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, así como en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP art. 3) que garantiza que las personas presas mantengan sus derechos fundamentales.
Pese a ello, podemos afirmar que la población penitenciaria no tiene acceso libre al sufragio activo que les corresponde como ciudadanos, volviendo, como en muchos otros derechos, a ser invisibles para el resto de la ciudadanía y de nuestra clase política. Según datos estadísticos en las elecciones generales del año 2011, de una población penitenciaria de alrededor de 60.000 personas, hubo una abstención del 95%. Y como referente en Andalucía, en las autonómicas celebradas en el año 2015, de una población de unas 13.000 personas, solicitaron el voto tan solo un 6%, bajando al 2% en las últimas celebradas en Diciembre de 2018. Ciertamente el interés por participar es bastante bajo y hay falta de facilidades. El tejido asociativo lleva años denunciando esta situación y el Defensor del Pueblo insta al debate y a la participación política de las personas internas en prisión; requiriendo se articulen medidas necesarias que agilicen el voto, que informen, que incentiven y hagan posible el ejercicio de este derecho fundamental y que se lleve a cabo como parte del proceso de resocialización y la finalidad rehabilitadora establecidas en el art. 25.2 CE como fines de las penas privativas de libertad.
¿Cuáles son los motivos de tan alta abstención?
Proceso excesivamente burocrático: Los Centros Penitenciarios deben exponer en el tablón de anuncios del módulo las normas electorales para llevar a cabo el ejercicio del derecho al voto, y debe ser la persona privada de libertad la que muestre interés por leer lo que allí se explica y tras ello, mostrar interés por ejercerlo notificándolo al trabajador social o al funcionario del módulo, de manera que ponga en marcha el mecanismo para que un funcionario de correos se persone en el Centro penitenciario llevando impresos para solicitar la inclusión al censo, para posteriormente remitir al Centro Penitenciario los sobres y papeletas que deberán ser entregados personalmente al interesado/a por funcionario de correos; quien, una vez introducidas las papeletas en los sobres correspondientes, deberá llevarlos a la mesa electoral el día de las votaciones. Para ello es necesario que se realicen sesiones informativas, pero éstas realmente van a depender de las direcciones de los centros y muchas dejan de ejercer este derecho por desconocimiento, otras por retrasos en la entrega de documentación en este largo proceso y muchas otras sencillamente porque son trasladadas a otros Centros penitenciarios, lo que finalmente les impide el ejercicio. ¿Para cuándo la instalación de urnas en los centros penitenciarios, realizando el censo de la población que allí reside y contando aquellos como un colegio electoral más? Podría ser una vía, o al menos, hacerles partícipes de la sociedad y facilitarles el ejercicio del sufragio.
La falta de información: Existe aún hoy un alto número de personas privadas de libertad que desconocen su derecho al voto, ni cómo ejercerlo. Personas que pensaban que no tenían derecho a su ejercicio.
Desinterés de los partidos políticos: por las personas en exclusión social, como es el colectivo de personas presas. Y es que los programas electorales, en general, tampoco es que recojan grandes aspectos de la vida penitenciaria, salvo cuando se legisla “a golpe de telediario” con el endurecimiento de las penas, y claro esto no vas a ir a “pregonarlo” a prisión. Pero estas personas también dejaron una vida y una familia en el exterior, y tienen una perspectiva de regreso a la libertad y les interesan, entre otras cosas, las políticas sociales y el futuro de sus barrios. Y entonces, ¿por qué la campaña electoral no traspasa los muros de las prisiones? La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) no dispone nada al respecto. Fue en 1986 cuando un partido político, por primera vez, se interesó por llevar la campaña electoral a un Centro penitenciario, pero este gesto hemos tenido que esperar para que se repita demasiados años después, no siendo hasta 2018 que tuvieron lugar charlas en el interior de los Centros penitenciarios de Sevilla 1, 2 y Prisión de Mujeres de Alcalá de Guadaíra, promovidas por un sólo partido político. Eso sí, sin cobertura mediática, amparada la Administración en su deber de neutralidad.
La falta de recursos: que ponen a su disposición las diferentes Administraciones. Y como muestra, un botón, y es que sorprende que tras las recomendaciones del Defensor del Pueblo, en el año 2015, la Consejería en Andalucía firmó un convenio de colaboración en materia de gestión electoral con el Ministerio del Interior, pero la comisión de seguimiento del Convenio no ha sido convocada desde el año 2015. Actualmente, seguimos en la misma línea. Sin embargo, también hay un mensaje de optimismo y pensar que estamos evolucionando y cambiando. Os dejo el dato esperanzador de participación en las últimas elecciones generales celebradas el pasado 28 de abril. En el que la petición de voto de la población penitenciaria alcanzó un poco más del doble de la participación de los comicios del año 2011, con un índice de participación del 12,76%. Quedémonos con ese halo de esperanza.
Autor: José Revilla Parody, abogado de Alternativas Jurídicas
El pasado viernes 26 de abril, en la sede del Centro Provincial de Drogodependencias de Granada, en el Hospital de San Juan de Dios, Alternativas Jurídicas, entidad socia de CAIS, participó en una jornada sobre Patología dual y discapacidad intelectual. La jornada jurídica, que la Federación Andaluza ENLACE viene organizando en las distintas provincias de nuestra comunidad en los últimos años, se completó con una gran asistencia, y la sensación general fue que se lograron los objetivos marcados. Antes de empezar, sería justo mencionar a Miguel Quesada y Juana de la Rosa por su implicación en la organización.
Como elemento destacable para el éxito de la jornada, el formato elegido fue muy ágil, y la mañana se dividió en dos mesas redondas, con participantes de gran nivel, y con el objetivo cumplido de generar debates y fomentar las intervenciones tanto de la mesa como de las personas del público.
La primera mesa fue moderada por Juana de la Rosa trató el abordaje interdisciplinar de las personas con trastornos duales como medio idóneo de intervención. En la mesa participaron José Miguel Martínez, Psicólogo del SPD de Granada, Ana Mingorance, Asesora jurídica de Agrafem-Feafe, Jorge Cervilla, Jefe de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario San Cecilio, y Joaquín de la Vega, Subdirector del Centro de Inserción Social Carlos García Valdés de la prisión de Córdoba.
Hubo una general invitación a la reflexión, al aprovechamiento de los recursos existentes, y una uniforme defensa del consolidado modelo biopsicosocial como el más adecuado para atender a la problemática de las personas con patología dual.
En términos jurídicos, y en relación con las personas que cometen un hecho delictivo, partimos de una realidad muy dura, y es que las personas con estas patologías, cuando se enfrentan al delito, son tratadas por la sociedad de una forma muy rigurosa: se reacciona con la pena de cárcel, en demasiadas ocasiones, sin valorar adecuadamente las circunstancias de cada persona.
En palabras de Joaquín de la Vega: “La que debería ser última ratio, se convierte en muchas ocasiones en la primera y única”. A esta excesiva utilización de la prisión para responder al hecho delictivo cometido por personas con patologías duales, se une otra cuestión preocupante, como es la inexistencia de recursos específicos para facilitar la aplicación de medidas alternativas a la prisión para estas personas. Todo esto provoca que la estancia en prisión se convierta en una doble pena para estas personas, que no entienden su situación, y a las que la prisión no les ofrece los medios necesarios para tratarlas eficazmente.
También en lo jurídico se expusieron problemas a la hora de aplicar el Art. 182 del Reglamento Penitenciario que permite el internamiento en Comunidades Terapéuticas extra-penitenciarias de personas en tercer grado que necesiten tratamientos específicos para sus problemas de adicción. Se denunció la falta de recursos específicos, precisamente, para estas personas. Muchas de ellas terminan siendo expulsadas, o reciben el alta voluntaria; y esto sin responsabilizar a quienes trabajan en estos recursos, puesto que en muchas ocasiones el ingreso de la persona con patología dual desestabiliza esas comunidades, puesto que no están pensadas para su tratamiento.
Se indicó también, que deberían estructurarse trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con las patologías de estas personas, tratando con especial sensibilidad el quebrantamiento de su ejecución, y que tendríamos que ser capaces de crear un sistema verdaderamente eficaz, para que esta alternativa a la prisión no se convierta en un obstáculo para su integración, sino en una oportunidad para ellas.
Desde el punto de vista terapéutico, se puso encima de la mesa el hecho de que habría que mejorar el protocolo de actuación. Hay un porcentaje de personas con graves problemas de adicción y con una enfermedad mental asociada, que igualmente es considerada como grave, que en muchas ocasiones se quedan fuera de los recursos. Pero es que, a pesar de su muy particular problemática, se les exige que asistan una y otra vez a distintas y sucesivas citas, para recibir una triple atención profesional médica: primero en la atención primaria; también en la red de atención de adicciones; y finalmente en salud mental.
Ante tantas dificultades, es muy normal que estas personas no lleguen a acceder a los recursos que se ponen a su disposición. Y esto nos debería llevar a valorar la necesidad de buscar un modelo nuevo, que se dirija a la prestación de una atención integrada.
Hubo un debate intenso e interesante sobre el ingreso involuntario de estas personas en un recurso terapéutico, y se hizo hincapié en lo que suponía este ingreso en situaciones de crisis. En estas circunstancias, en las que las familias (de haberlas) no tienen herramientas adecuadas, la sociedad tampoco ofrece soluciones eficaces.
La Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 26 de diciembre de 2002 marca la pauta, y deja en manos de los y las profesionales de salud la decisión del ingreso involuntario. Sin embargo, y a pesar de que hubo quien entendía que esta era la solución mejor de las posibles, se denunciaron situaciones que se dan a diario, y que generan problemas a añadidos a los que ya provoca la propia patología dual.
Se puso énfasis en las situaciones que se producen en ocasiones en que una persona en situación de crisis, que debe ser ingresada, se enfrenta a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; esto genera una indudable estigmatización, pero es que además, ocurre que miembros de estos cuerpos y fuerzas de seguridad, quienes terminan denunciando a la persona que, en situación de descontrol de su patología, puede cometer hechos que se consideren infracción administrativa (desórdenes públicos, por ejemplo); o incluso delito de atentado a la autoridad.
Además, en no pocas ocasiones, la ambulancia que acude a atender esta emergencia, lo hace sin personal médico, lo cual imposibilita la valoración de la persona; es evidente que ni personal auxiliar, ni policía, puede valorar la situación médica de la persona con patología dual.
Desde FEAFES se propuso que se debía rehacer esta Resolución de 2002 para resolver determinadas cuestiones, y con objeto de articular un modelo que permitiera intervenir, evitando el consumo, y buscando una solución lo más inmediata posible. Pero siempre, respetando la autonomía del paciente, y su libertad. Es sabido que los tratamientos involuntarios tienen poca o nula eficacia, y por ello se debe trabajar en la asunción del problema por la persona.
La segunda parte de la mañana se centró en tatar la discapacidad intelectual: Necesidades personales, sociales, jurídicas y posible respuesta de la Administración.
Moderó la mesa Pablo Salido, y asistieron Sonia Bermejo, Coordinadora del Programa de Prevención del Delito y Acceso a la Justicia para personas con discapacidad intelectual de Plena Inclusión Andalucía, Francisca Escot, Trabajadora Social del CCD de Guadix, Laura Pérez, Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Granada y vocal del grupo especializado de Discapacidad, María Vicenta Noguera, en representación de los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, José Sáez, Director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba y vocal de la Comisión de Discapacidad Intelectual del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba.
No fue menos interesante esta segunda mesa, en la que se insistió en la necesidad de mejorar la formación de todas las personas que intervienen en temas de discapacidad intelectual: policía, abogacía, terapeutas, y personal técnico. Lo primero y fundamental es conseguir que la sociedad sea capaz de distinguir esta problemática de la enfermedad mental, puesto que ni las personas con discapacidad intelectual son personas enfermas, ni tienen que ser tratadas como tales.
Se partió de una evidencia: el trabajo que hay que hacer es de enorme complejidad; y se planteó como esencial la necesidad de implicar a las familias en el trabajo que hacemos, puesto que sin ellas la incorporación social es imposible. También se incidió en la importancia de que logremos respuestas inmediatas a problemas que surgen en cada momento. Sin embargo, la realidad impone sus tiempos, y se demora la respuesta en la asignación del recurso idóneo, en la valoración. Por supuesto, la persona con discapacidad debe estar el centro de todo lo que hagamos.
Se denunció el uso abusivo y excesivo de la incapacitación judicial como supuesto remedio (que no remedia nada) a los problemas de las personas con discapacidad intelectual. Pretender que una persona, por el hecho de ser declarada incapaz, podrá ser ingresada en un determinado recurso es completamente absurdo. Hay que tener en cuenta que estos ingresos involuntarios requerirán, en todo caso, la autorización judicial; además de que estos centros residenciales son medios abiertos de los que la persona puede salir, cuando y como quiera, si esa es su voluntad. Y esto partiendo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de Naciones Unidas, de fecha 13 de diciembre de 2006, que exige mantener al máximo la capacidad de obrar de la persona con discapacidad.
Desde el movimiento Plena Inclusión, Sonia Bermejo nos explicó cuáles son los objetivos de este programa, y trató con especial atención la figura de la persona facilitadora. Esta figura, novedosa, será esencial en nuestro sistema (judicial y administrativo) para permitir que todas las personas con alguna discapacidad intelectual logren su plena inclusión. Hablamos de una persona que acompañe a quien sufre la discapacidad en su relación con la administración, para que todos los agentes que intervienen conozcan la realidad de la persona discapacitada y adapten sus actos para su comprensión.
Se denunció el hecho de que existan muchas personas sin diagnosticar que han pasado por todos los recursos y terminan en prisión. O, incluso de personas mal diagnosticadas, o con sucesivos o variados diagnósticos, o con diagnósticos tardíos. Y hablamos de personas que se enfrentan a situaciones que, partiendo de su discapacidad mal diagnosticada, ven como sus deseos e ilusiones se frustran sin saber por qué; frustraciones que pueden derivar en trastornos; pudiendo terminar todo ello en una búsqueda de soluciones o en la huida de la realidad, mediante el consumo de sustancias.
La prisión, como no puede ser de otra manera, se convierte en un castigo desproporcionado para muchas de estas personas. En nuestras prisiones falta especialización, y en muchos casos personas con discapacidad, que deberían ser valoradas para su declaración de dependencia, no son valoradas. Se aboga desde Plena Inclusión por la creación en prisión de los llamados módulos integra para acoger a las personas con discapacidad intelectual. Y fuera de prisión, se propuso la creación de comunidades terapéuticas especializadas para las diferentes problemáticas que conocemos.
Se habló también de la necesidad de que se modifique el protocolo de trabajo con los institutos de medicina legal (medicina forense) puesto que en muchas ocasiones, al no existir una petición judicial, se elimina la posibilidad de aportar un informe de inimputabilidad en los procedimientos penales que se tramitan como diligencias urgentes, procedimientos en los que muchas veces se ven inmersas estas personas.
La sensación generalizada era que, a pesar de la carencia de los recursos más adecuados, y de que se logran algunos éxitos gracias a los contactos y a la buena disposición personal, debíamos optimizar la utilización de nuestros muy limitados recursos. Se proponía mejorar en la coordinación, en el trabajo compartido (mejor que derivado), utilizando de la mejor manera posible los pocos recursos existentes, exigiendo la implantación de nuevos recursos que se consideran necesarios, y partiendo siempre de los deseos e intereses de las personas discapacitadas.
Si partiendo desde el análisis de las necesidades expresadas y de los recursos existentes, logramos definir una red, y potenciar sinergias entre las personas intervinientes, tendremos un mapa de actuación que nos permitirá crecer y mejorar la atención que ofrecemos a estas personas.
El objetivo, al fin y al cabo, es muy fácil de expresar y muy difícil de lograr: colocar a la persona discapacitada, a la persona con enfermedad mental, y a la persona con patología dual en las mismas condiciones en las que se encuentran aquellas que no tienen discapacidad. Para ello, las personas que asistimos a las jornadas del pasado viernes día 26, nos comprometimos a seguir trabajando. El objetivo lo merece, sin lugar a dudas.
El Itinerario en Gestión de Proyectos está formado por cuatro cursos que dan respuesta a todas las necesidades en la elaboración y ejecución de un proyecto del tercer sector social. Para ello, CAIS va a realizar cuatro acciones formativas que se realizarán en el mes de junio de 2019. Cada una de estas acciones está centrada en una de las fases de la gestión de proyectos.
Acción Formativa 1: Identificación y diseño de proyectos de transformación (18 de junio 2019)
Acción Formativa 2: Convocatorias, financiación y formulación de proyectos (19 de junio de 2019)
Acción Formativa 3: Herramientas de gestión, seguimiento y mejora de proyectos (24 de junio de 2019)
Acción Formativa 4: Fundraising. Claves de captación de fondos (25 de junio de 2019)
Este Itinerario está diseñado para realizarlo completo, ya que sigue la lógica de la ejecución de un proyecto completo desde primera idea y diseño, pasando por la formulación y ejecución hasta llegar a la evaluación y mejora. En esta ocasión, además, cerraremos el itinerario con una formación de Fundraising para conocer las claves de la captación de fondos de la mano de Fernando Morón, director de la Asociación Española de Fundraising, y el mayor experto a nivel nacional en la materia. Aquí tienes el formulario de inscripción.
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