Artículo de Pedro Quesada, abogado de Alternativas Jurídicas.
Esperar una respuesta homogénea y vinculante al problema del uso indebido de las sustancias estupefacientes, por parte de Europa, es un objetivo condenado al fracaso, no sólo por razones legislativas sino, y sobre todo, por razones de pura estrategia política. Sin embargo, no es menos cierto que la Unión Europea desarrolla, una gran labor de mediación entre las distintas sensibilidades políticas en Europa.
La Unión Europea lleva mucho tiempo tratando de acercar posturas de los distintos estados miembros sobre las políticas de drogas. Para ello, y dentro del seno de la Comisión Europea existe un espacio en el que interviene la sociedad civil europea. Lo que originalmente fue un sofisticado foro de debate entre entidades pertenecientes a los distintos estados miembros, entidades privadas y no tan privadas, que aportaban su punto de vista basado en la experiencia vivida en sus distintas zonas de actuación, ha evolucionado a lo que hoy es una auténtica comisión de trabajo donde se elaboran documentos de consenso para ayudar a las diversas sensibilidades europeas a llegar a acuerdos de mínimos necesarios para la elaboración de los planes de actuación en los distintos estados miembros. Es lo que se conoce como Foro de la Sociedad Civil en Drogas.
Un amplio número de estados miembros supone una Europa desigual, algo que complica el consenso en determinadas materias especialmente sensibles y con evidente transcendencia social. Mientras algunos estados miembros ya tienen un amplio recorrido en el campo de las adicciones, siendo conscientes de lo que realmente funciona y lo que no, otros países se encuentran en un estado embrionario en lo que a políticas sociales se refiere. Además, el temor a una posible respuesta negativa de sus votantes, hace que los gobiernos de estos últimos se opongan a ser innovadores en determinadas medidas que podrían suponer un cambio importante en la línea política de sus países. La actitud ultra conservadora de algunos gobiernos impide alcanzar acuerdos con el resto de los estados miembros en políticas sociales que a día de hoy ya nadie duda que son necesarias. Especialmente llamativo es ver cómo responsables políticos de las distintas instituciones europeas, que se han negado a dar un paso adelante a la hora de apostar por un cambio necesario, tan pronto se liberan de su responsabilidad política, defienden de forma vehemente la necesidad de dar un giro de 180 grados en las actuales políticas globales de drogas. El resultado de esta situación es la imposibilidad de avanzar a un ritmo normal en la elaboración de documentos de trabajo donde se plasmen los acuerdos de mínimos de los estados miembros en el tema de las adicciones. El asunto se complica cuando estos documentos de consenso deben ser aprobados por un órgano tan impermeable como es el Consejo de Europa, circunstancia necesaria para poder dar al mismo un carácter ejecutivo. Aquí el tema suele llegar a un punto muerto, quedando todo el trabajo en una sencilla propuesta de actuación, sin fuerza vinculante, para los estados miembros.
Por otra parte, y a un supuesto nivel horizontal, la Unión Europea debe lidiar con el entorno internacional representado en la ONU. Consiste en una colaboración a través de la cual la UE pretende influir en temas que a nivel supra europeo son aún más complicados de tratar. Si en Europa la opinión sobre cómo abordar el problema de las adicciones es desigual dependiendo de los distintos países, en la ONU ese problema se multiplica hasta llegar a un nivel absolutamente desproporcionado. La prueba está en la deriva que ha tomado la institución permitiendo repetir una y otra vez estrategias políticas que a día de hoy y tras más de veinte años de experiencia, han demostrado, no ser capaces de disminuir la oferta ni el consumo de drogas en el entorno internacional.
Veinte años después, y con los datos sobre la mesa, la UE sigue apostando por estrategias basadas en la represión y el castigo. Políticas que no sólo no consiguen resultados positivos sino que además están suponiendo consecuencias dramáticas en la salud y la seguridad de las personas, desoyendo todo lo que tenga que ver con los derechos humanos. Políticas que incrementan el tráfico ilegal de estupefacientes, y el consumo de sustancias adulteradas. Mientras tanto, y debido a los actuales recortes en políticas sociales de los estados miembros, vemos cómo van desapareciendo los recursos orientados a la prevención y la reducción del daño. La UE ignora las propuestas lanzadas constantemente desde la sociedad civil, profesionales que trabajan en el entorno de las adicciones, como trabajadores sociales, profesionales de la salud, investigadores, intelectuales de distintos ámbitos, etc… sobre la necesidad de apostar por políticas basadas en la salud de las personas, implementando programas de reducción del daño, igualdad de género, y políticas que apuesten por la prevención, sobretodo en menores y juventud, como mecanismo de control de las adicciones, dentro y fuera del ámbito familiar.
Visto todo lo anterior, podemos afirmar que tanto la UE como la ONU se están alejando claramente de las propuestas incluidas en la “Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible” y los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, centrándose cada vez más en acabar con el tráfico ilegal de la droga, algo que es del todo imposible sin otro tipo de políticas que las que realmente ayuden a sostener el consumo problemático de sustancias estupefacientes, a través de recursos basados en la salud y recuperación de las personas, con especial atención a la población más desfavorecida y en situación de marginalidad. Es evidente que no tiene sentido alguno centrar todos los recursos económicos y personales en acabar con algo que tiene su propio origen en esas mismas políticas represivas. Todas los estudios denuncian que, a día de hoy, no hemos conseguido mejorar la situación. La misma ONU, a través de los informes emitidos por sus propios órganos consultivos, admite que no se han alcanzado, mínimamente, los objetivos planteados desde 2009. El último informe de la UNGASS (Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU en Drogas) admite sin fisuras el fracaso de las actuales políticas de drogas.
La lógica indica una necesidad imperiosa de aplicar otro tipo de estrategias en los planes de actuación de los estados miembros. Estrategias alejadas de las actuales políticas represivas que sólo ayudan a estigmatizar y criminalizar al individuo sin permitir una salida al circuito natural del consumo problemático de drogas. Es evidente que son necesarias unas medidas legislativas que permitan soluciones alternativas a las sanciones económicas y sobretodo al ingreso en prisión de la persona consumidora. Políticas sanitarias basadas en tratamientos de deshabituación. Políticas sociales que ayuden a la plena reincorporación social del individuo, incluyendo medidas de orientación familiar y laboral.
