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Alternativas Jurídicas participa en la jornada sobre Patología Dual

Autor: José Revilla Parody, abogado de Alternativas Jurídicas

El pasado viernes 26 de abril, en la sede del Centro Provincial de Drogodependencias de Granada, en el Hospital de San Juan de Dios, Alternativas Jurídicas, entidad socia de CAIS, participó en una jornada sobre Patología dual y discapacidad intelectual. La jornada jurídica, que la Federación Andaluza ENLACE viene organizando en las distintas provincias de nuestra comunidad en los últimos años, se completó con una gran asistencia, y la sensación general fue que se lograron los objetivos marcados. Antes de empezar, sería justo mencionar a Miguel Quesada y Juana de la Rosa por su implicación en la organización.

Como elemento destacable para el éxito de la jornada, el formato elegido fue muy ágil, y la mañana se dividió en dos mesas redondas, con participantes de gran nivel, y con el objetivo cumplido de generar debates y fomentar las intervenciones tanto de la mesa como de las personas del público.

La primera mesa fue moderada por Juana de la Rosa trató el abordaje interdisciplinar de las personas con trastornos duales como medio idóneo de intervención. En la mesa participaron José Miguel Martínez, Psicólogo del SPD de Granada, Ana Mingorance, Asesora jurídica de Agrafem-Feafe, Jorge Cervilla, Jefe de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario San Cecilio, y Joaquín de la Vega, Subdirector del Centro de Inserción Social Carlos García Valdés de la prisión de Córdoba.

Hubo una general invitación a la reflexión, al aprovechamiento de los recursos existentes, y una uniforme defensa del consolidado modelo biopsicosocial como el más adecuado para atender a la problemática de las personas con patología dual.

En términos jurídicos, y en relación con las personas que cometen un hecho delictivo, partimos de una realidad muy dura, y es que las personas con estas patologías, cuando se enfrentan al delito, son tratadas por la sociedad de una forma muy rigurosa: se reacciona con la pena de cárcel, en demasiadas ocasiones, sin valorar adecuadamente las circunstancias de cada persona.

En palabras de Joaquín de la Vega: “La que debería ser última ratio, se convierte en muchas ocasiones en la primera y única”. A esta excesiva utilización de la prisión para responder al hecho delictivo cometido por personas con patologías duales, se une otra cuestión preocupante, como es la inexistencia de recursos específicos para facilitar la aplicación de medidas alternativas a la prisión para estas personas. Todo esto provoca que la estancia en prisión se convierta en una doble pena para estas personas, que no entienden su situación, y a las que la prisión no les ofrece los medios necesarios para tratarlas eficazmente.

También en lo jurídico se expusieron problemas a la hora de aplicar el Art. 182 del Reglamento Penitenciario que permite el internamiento en Comunidades Terapéuticas extra-penitenciarias de personas en tercer grado que necesiten tratamientos específicos para sus problemas de adicción. Se denunció la falta de recursos específicos, precisamente, para estas personas. Muchas de ellas terminan siendo expulsadas, o reciben el alta voluntaria; y esto sin responsabilizar a quienes trabajan en estos recursos, puesto que en muchas ocasiones el ingreso de la persona con patología dual desestabiliza esas comunidades, puesto que no están pensadas para su tratamiento.

Se indicó también, que deberían estructurarse trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con las patologías de estas personas, tratando con especial sensibilidad el quebrantamiento de su ejecución, y que tendríamos que ser capaces de crear un sistema verdaderamente eficaz, para que esta alternativa a la prisión no se convierta en un obstáculo para su integración, sino en una oportunidad para ellas.

Desde el punto de vista terapéutico, se puso encima de la mesa el hecho de que habría que mejorar el protocolo de actuación. Hay un porcentaje de personas con graves problemas de adicción y con una enfermedad mental asociada, que igualmente es considerada como grave, que en muchas ocasiones se quedan fuera de los recursos. Pero es que, a pesar de su muy particular problemática, se les exige que asistan una y otra vez a distintas y sucesivas citas, para recibir una triple atención profesional médica: primero en la atención primaria; también en la red de atención de adicciones; y finalmente en salud mental.

Ante tantas dificultades, es muy normal que estas personas no lleguen a acceder a los recursos que se ponen a su disposición. Y esto nos debería llevar a valorar la necesidad de buscar un modelo nuevo, que se dirija a la prestación de una atención integrada.

Hubo un debate intenso e interesante sobre el ingreso involuntario de estas personas en un recurso terapéutico, y se hizo hincapié en lo que suponía este ingreso en situaciones de crisis. En estas circunstancias, en las que las familias (de haberlas) no tienen herramientas adecuadas, la sociedad tampoco ofrece soluciones eficaces.

La Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 26 de diciembre de 2002 marca la pauta, y deja en manos de los y las profesionales de salud la decisión del ingreso involuntario. Sin embargo, y a pesar de que hubo quien entendía que esta era la solución mejor de las posibles, se denunciaron situaciones que se dan a diario, y que generan problemas a añadidos a los que ya provoca la propia patología dual.

Se puso énfasis en las situaciones que se producen en ocasiones en que una persona en situación de crisis, que debe ser ingresada, se enfrenta a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; esto genera una indudable estigmatización, pero es que además, ocurre que miembros de estos cuerpos y fuerzas de seguridad, quienes terminan denunciando a la persona que, en situación de descontrol de su patología, puede cometer hechos que se consideren infracción administrativa (desórdenes públicos, por ejemplo); o incluso delito de atentado a la autoridad.

Además, en no pocas ocasiones, la ambulancia que acude a atender esta emergencia, lo hace sin personal médico, lo cual imposibilita la valoración de la persona; es evidente que ni personal auxiliar, ni policía, puede valorar la situación médica de la persona con patología dual.

Desde FEAFES se propuso que se debía rehacer esta Resolución de 2002 para resolver determinadas cuestiones, y con objeto de articular un modelo que permitiera intervenir, evitando el consumo, y buscando una solución lo más inmediata posible. Pero siempre, respetando la autonomía del paciente, y su libertad. Es sabido que los tratamientos involuntarios tienen poca o nula eficacia, y por ello se debe trabajar en la asunción del problema por la persona.

La segunda parte de la mañana se centró en tatar la discapacidad intelectual: Necesidades personales, sociales, jurídicas y posible respuesta de la Administración.

Moderó la mesa Pablo Salido, y asistieron Sonia Bermejo, Coordinadora del Programa de Prevención del Delito y Acceso a la Justicia para personas con discapacidad intelectual de Plena Inclusión Andalucía, Francisca Escot, Trabajadora Social del CCD de Guadix, Laura Pérez, Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Granada y vocal del grupo especializado de Discapacidad, María Vicenta Noguera, en representación de los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, José Sáez, Director del Instituto de Medicina Legal de Córdoba y vocal de la Comisión de Discapacidad Intelectual del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba.

No fue menos interesante esta segunda mesa, en la que se insistió en la necesidad de mejorar la formación de todas las personas que intervienen en temas de discapacidad intelectual: policía, abogacía, terapeutas, y personal técnico. Lo primero y fundamental es conseguir que la sociedad sea capaz de distinguir esta problemática de la enfermedad mental, puesto que ni las personas con discapacidad intelectual son personas enfermas, ni tienen que ser tratadas como tales.

Se partió de una evidencia: el trabajo que hay que hacer es de enorme complejidad; y se planteó como esencial la necesidad de implicar a las familias en el trabajo que hacemos, puesto que sin ellas la incorporación social es imposible. También se incidió en la importancia de que logremos respuestas inmediatas a problemas que surgen en cada momento. Sin embargo, la realidad impone sus tiempos, y se demora la respuesta en la asignación del recurso idóneo, en la valoración. Por supuesto, la persona con discapacidad debe estar el centro de todo lo que hagamos.

Se denunció el uso abusivo y excesivo de la incapacitación judicial como supuesto remedio (que no remedia nada) a los problemas de las personas con discapacidad intelectual. Pretender que una persona, por el hecho de ser declarada incapaz, podrá ser ingresada en un determinado recurso es completamente absurdo. Hay que tener en cuenta que estos ingresos involuntarios requerirán, en todo caso, la autorización judicial; además de que estos centros residenciales son medios abiertos de los que la persona puede salir, cuando y como quiera, si esa es su voluntad. Y esto partiendo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de Naciones Unidas, de fecha 13 de diciembre de 2006, que exige mantener al máximo la capacidad de obrar de la persona con discapacidad.

Desde el movimiento Plena Inclusión, Sonia Bermejo nos explicó cuáles son los objetivos de este programa, y trató con especial atención la figura de la persona facilitadora. Esta figura, novedosa, será esencial en nuestro sistema (judicial y administrativo) para permitir que todas las personas con alguna discapacidad intelectual logren su plena inclusión. Hablamos de una persona que acompañe a quien sufre la discapacidad en su relación con la administración, para que todos los agentes que intervienen conozcan la realidad de la persona discapacitada y adapten sus actos para su comprensión.

Se denunció el hecho de que existan muchas personas sin diagnosticar que han pasado por todos los recursos y terminan en prisión. O, incluso de personas mal diagnosticadas, o con sucesivos o variados diagnósticos, o con diagnósticos tardíos. Y hablamos de personas que se enfrentan a situaciones que, partiendo de su discapacidad mal diagnosticada, ven como sus deseos e ilusiones se frustran sin saber por qué; frustraciones que pueden derivar en trastornos; pudiendo terminar todo ello en una búsqueda de soluciones o en la huida de la realidad, mediante el consumo de sustancias.

La prisión, como no puede ser de otra manera, se convierte en un castigo desproporcionado para muchas de estas personas. En nuestras prisiones falta especialización, y en muchos casos personas con discapacidad, que deberían ser valoradas para su declaración de dependencia, no son valoradas. Se aboga desde Plena Inclusión por la creación en prisión de los llamados módulos integra para acoger a las personas con discapacidad intelectual. Y fuera de prisión, se propuso la creación de comunidades terapéuticas especializadas para las diferentes problemáticas que conocemos.

Se habló también de la necesidad de que se modifique el protocolo de trabajo con los institutos de medicina legal (medicina forense) puesto que en muchas ocasiones, al no existir una petición judicial, se elimina la posibilidad de aportar un informe de inimputabilidad en los procedimientos penales que se tramitan como diligencias urgentes, procedimientos en los que muchas veces se ven inmersas estas personas.

La sensación generalizada era que, a pesar de la carencia de los recursos más adecuados, y de que se logran algunos éxitos gracias a los contactos y a la buena disposición personal, debíamos optimizar la utilización de nuestros muy limitados recursos. Se proponía mejorar en la coordinación, en el trabajo compartido (mejor que derivado), utilizando de la mejor manera posible los pocos recursos existentes, exigiendo la implantación de nuevos recursos que se consideran necesarios, y partiendo siempre de los deseos e intereses de las personas discapacitadas.

Si partiendo desde el análisis de las necesidades expresadas y de los recursos existentes, logramos definir una red, y potenciar sinergias entre las personas intervinientes, tendremos un mapa de actuación que nos permitirá crecer y mejorar la atención que ofrecemos a estas personas.

El objetivo, al fin y al cabo, es muy fácil de expresar y muy difícil de lograr: colocar a la persona discapacitada, a la persona con enfermedad mental, y a la persona con patología dual en las mismas condiciones en las que se encuentran aquellas que no tienen discapacidad. Para ello, las personas que asistimos a las jornadas del pasado viernes día 26, nos comprometimos a seguir trabajando. El objetivo lo merece, sin lugar a dudas.

Categorías: Actualidad CAIS, COOP

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